martes, 8 de junio de 2010

¿De donde nace la impunidad de Israel?



La gran complicidad internacional con las masacres periódicas israelíes no se gestan por miedo a Israel, sino por miedo a lo que representa el Estado judío. Israel es el símbolo más emblemático, la patria territorial del sionismo capitalista que controla el mundo sin fronteras desde los directorios de los bancos y corporaciones trasnacionales. Israel, básicamente, es la representación nacional de un poder mundial sionista que es el dueño del Estado de Israel tanto como del Estado norteamericano, y del resto de los Estados con sus recursos naturales y sistemas económico-productivos. Y que controla el planeta desde los bancos centrales, las grandes cadenas mediáticas y los arsenales nucleares militares.



A) El poder oculto

Israel, es la más clara referencia geográfica del sistema capitalista trasnacionalizado que controla desde gobiernos hasta sistemas económico productivos y grandes medios de comunicación, tanto en los países centrales como en el mundo subdesarrollado y periférico.
El Estado judío, más allá de su incidencia como Nación, es el símbolo más representativo de un poder mundial controlado en sus resortes decisivos por grupos minoritarios de origen judío, y conformado por una estructura de estrategas y tecnócratas que operan las redes industriales, tecnológicas, militares, financieras y mediáticas del capitalismo trasnacional extendido por los cuatro puntos cardinales del planeta.

Con una población de alrededor de 7,35 millones de habitantes, Israel es el único Estado judío del mundo. Pero cuando hablamos de Israel, hablamos (por extensión) de la referencia más significante de un sistema capitalista globalizado que controla gobiernos, países, sistemas económicos productivos, bancos centrales, centros financieros, arsenales nucleares y complejos militares industriales.

Cuando hablamos de Israel, hablamos antes que nada de un diseño estratégico de poder mundial que lo protege, interactivo y totalizado, que se concreta mediante una red infinita de asociaciones y vasos comunicantes entre el capital financiero, industrial y de servicios que convierte a los países y gobiernos en gerencias de enclave.


El lobby sionista que sostiene y legitima la existencia de Israel, no es un Estado en el lejano Medio Oriente, sino un sistema de poder económico planetario (el sistema capitalista) de bancos y corporaciones trasnacionales con judíos dominando la mayoría de los paquetes accionarios o hegemonizando las decisiones gerenciales desde puestos directrices y ejecutivos.
Quien se tome el trabajo de investigar el nombre de los integrantes de los directorios o de los accionistas de la grandes corporaciones y bancos transnacionales estadounidenses y europeos que controlan desde el comercio exterior e interior hasta los sistemas económico productivos de los países, tanto centrales como "subdesarrollados" o "emergentes", podrá fácilmente comprobar que (en una abrumante mayoría) son de origen judío.

Los directivos y accionistas de las primeras treinta megaempresas trasnacionales y bancos (las más grandes del mundo) que cotizan en el indice Dow Jones de Wall Street, son mayoritariamente de origen judío.

Megacorporaciones del capitalismo sin fronteras como: Wal-Mart Stores, Walt Disney, Microsoft, Pfizer Inc, General Motors, Hewlett Packard, Home Depot, Honeywell, IBM, Intel Corporation, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, American International Group, American Express, AT & T, Boeing Co (armamentista), Caterpillar, Citigroup, Coca Cola, Dupont, Exxon Mobil (petrolera), General Electric, McDonalds, Merck & Co, Procter & Gamble, United Technologies, Verizon, son controladas y/o gerenciados por capitales y personas de origen judío.

Estas corporaciones representan la crema de la crema de los grandes consorcios trasnacionales judeo sionistas que, a través del lobby ejercido por las embajadas estadounidenses y europeas, dictan y condicionan la política mundial y el comportamiento de gobiernos, ejércitos, o instituciones mundiales oficiales o privadas.

Son los amos invisibles del planeta: los que manejan a los países y a presidentes por control remoto, como si fueran títeres de última generación.
Quien investigue con este mismo criterio, además, los medios de comunicación, la industria cultural o artística, cámaras empresariales, organizaciones sociales, fundaciones, organizaciones profesionales, ONGs, tanto en los países centrales como periféricos, se va a sorprender de la notable incidencia de personas de origen judío en sus más altos niveles de decisión.

Las tres principales cadenas televisivas de EEUU (CNN, ABC, NBC y Fox) , los tres principales diarios (The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post) están controlados y gerenciados (a través de paquetes accionarios o de familias) por grupos del lobby judío, principalmente neoyorquino.
Asimismo como las tres más influyentes revistas (Newsweek, Time y The New Yorker), y consorcios hegemónicos de Internet como Time-Warner (fusionado con América on Line) o Yahoo, están controlados por gerenciamiento y capital judío que opera a nivel de redes y conglomerados entrelazados con otras empresas.

Colosos del cine de Hollywood y del espectáculo como The Walt Disney Company, Warner Brothers, Columbia Pictures, Paramount, 20th Century Fox, entre otros, forman parte de esta red interactiva del capital sionista imperialista.

La concentración del capital mundial en mega-grupos o mega-compañías controladas por el capital sionista, en una proporción aplastante, posibilita decisiones planetarias de todo tipo, en la economía, en la sociedad, en la vida política, en la cultura, etc., y representa el aspecto más definitorio de la globalización impuesta por el poder mundial del sistema capitalista imperial.
El objetivo central expansivo de este capitalismo sionista trasnacionalizado es el control y el dominio (por medio de las guerras de conquista o de "sistemas democráticos) de recursos naturales y sistemas económico - productivos, en un accionar que sus defensores y teóricos llaman "políticas de mercado".

El capitalismo transnacional, a escala global, es el dueño de los estados y sus recursos y sistemas económico- productivos, no solamente del mundo dependiente, sino también de los países capitalistas centrales.
Por lo tanto los gobiernos dependientes y centrales son gerencias de enclave ( por izquierda o derecha) que con variantes discursivas ejecutan el mismo programa económico y las mismas líneas estratégicas de control político y social.
Este capitalismo transnacional "sin fronteras" del lobby sionista que sostiene al Estado de Israel se asienta en dos pilares fundamentales:
  1. La especulación financiera informatizada (con asiento territorial en Wall Street )
  2. La tecnología militar-industrial de última generación (cuya expresión máxima de desarrollo se concentra en el Complejo Militar Industrial de EEUU)

El lobby sionista internacional, sobre el cual se asientan los pilares existenciales del Estado de Israel, controla desde gobiernos, ejércitos, policías, estructuras económicos productivas, sistemas financieros, sistemas políticos, estructuras tecnológicas y científicas, estructuras socio-culturales, estructuras mediáticas internacionales, hasta el poder de policía mundial asentado sobre los arsenales nucleares, los complejos militares industriales y los aparatos de despliegue militar de EEUU y de las potencias centrales.

A ese poder, y no al Estado de Israel, es al que temen los presidentes, políticos, periodistas e intelectuales que callan o deforman a diario los genocidios de Israel en Medio Oriente temerosos de quedar sepultados de por vida bajo la lápida del "antisemitismo".

B) El lobby imperial

El lobby sionista pro-israelí, la red del poder oculto que controla Casa Blanca, el Pentágono y la Reserva Federal no reza en las sinagogas sino en la Catedral de Wall Street. Un detalle a tener en cuenta, para no confundir la religión con el mito y el negocio.
Cuando se refieren al lobby sionista (al que llaman lobby pro-israelí) la mayoría de los expertos y analistas hablan de un grupo de funcionarios y tecnócratas, en cuyas manos está el diseño y la ejecución de la política militar norteamericana. A este lobby de presión se le atribuye el objetivo estratégico permanente de imponer la agenda militar y los intereses políticos y geopolíticos del gobierno y el Estado de Israel en la política exterior de EEUU.

Como definición, el lobby pro-israelí es una gigantesca maquinaria de presión económica y política que opera simultáneamente en todos los estamentos del poder institucional estadounidense: Casa Blanca, Congreso, Pentágono, Departamento de Estado, CIA y agencias de la comunidad de inteligencia, entre los mas importantes.
Por medio de la utilización política de su poder financiero, de su estratégica posición en los centros de decisión, los grupos financieros del lobby ejercen influencia decisiva en la política interna y externa de EEUU, la primera potencia imperial, además de su papel dominante en la financiación de los partidos políticos, de los candidatos presidenciales y de los congresistas.
A nivel imperial, el poder financiero del lobby se expresa principalmente por medio de la Reserva Federal de EEUU, un organismo clave para la concentración y reproducción del capital especulativo a nivel planetario.

El corazón del lobby sionista estadounidense es el poderoso sector financiero de Wall Street que tiene directa implicancia y participación en el nombramiento de funcionarios claves del gobierno de EEUU y de los órganos de control de política monetaria e instituciones crediticias (nacional e internacional) con sede en Washington y Nueva York.

Los organismos económicos financieros internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, están bajo directo control de los bancos centrales y de los gobiernos de EEUU y de las potencias controladas por el lobby sionista internacional (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, entre las más relevantes).

Organizaciones y alianzas internacionales como la ONU, el Consejo de Seguridad y la OTAN están controlados por el eje sionista USA-Unión Europea cuyas potencias centrales son las que garantizan la impunidad de los exterminios militares de Israel en Medio Oriente, como sucedió con la última masacre de activistas solidarios con el pueblo de Gaza.

Las principales instituciones financieras del lobby (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, etc) y los principales bancos (Citigroup, JP Morgan y Merrill Lynch, etc), influyen decisivamente para el nombramiento de los titulares de la Reserva Federal, el Tesoro, y la secretaría de Comercio, además de los directores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.


C) El mito del "antisemitismo"

A este fenómeno de "poder capitalista mundial" judío, y no a Israel, es lo que temen los presidentes, políticos, periodistas, e intelectuales que evitan puntillosamente condenar o nombrar los periódicos genocidios militares de Israel en Gaza, repitiendo lo que ya hicieron durante la masacre israelí en Libano en el 2006.

La gran complicidad internacional con las masacres periódicas israelíes no se gestan por miedo al Estado de Israel sino por miedo a lo que representa el Estado de Israel.
No se trata de Israel, un Estado sionista más, sino del "Gran Israel", la patria del judaísmo mundial (con territorio robado a los palestinos), de la cual todos los judíos del mundo se sienten sus hijos pródigos desperdigados por el mundo.

No se trata de Israel, sino de las poderosas organizaciones y comunidades judías mundiales que apoyaron en bloque el genocidio militar de Israel en Gaza, que utilizan su poder y "escala de prestigio" (construida mediante su victimización histórica con el Holocausto) para convertir en un leproso social al que se atreva criticar o a levantar la voz contra el exterminio militar israelí en Gaza.

Los gobiernos del mundo capitalista, los periodistas, intelectuales, organizaciones sindicales y sociales no le temen a Israel, sino a su lapidación social como "antisemita" (mote que se le otorga al que enfrenta y/o denuncia al sionismo judío).

No le temen al Estado de Israel, sino a los hijos de Israel camuflados en los grandes centros de decisión del poder mundial, sobre todo económicos-financieros y mediático-culturales.
Los políticos, intelectuales y periodistas del sistema no temen a Israel, sino que temen a los medios, organizaciones y empresas judías, y a su influencia sobre los gobiernos y procesos económicos-culturales del sistema sionista capitalista extendido por todos los países a escala planetaria.

En definitiva temen que las empresas, las universidades, las organizaciones y las fundaciones internacionales sionistas que financian y o promocionan sus ascensos y puestos en la maquinaria del sistema los declaren "antisemitas" y los dejen sin trabajo, sin vacaciones y sin jubilación.
Esa es la causa principal que explica porque los intelectuales, académicos y periodistas del sistema viven elucubrando sesudos análisis de la "realidad" política, económica y social sin la presencia de la palabra judío o del sistema capitalista que paga por sus servicios.

Si bien hay un grupo de intelectuales y de militantes judíos de izquierda (entre ellos Chomsky y Gelman, entre otros) que condenaron y protestaron contra el genocidio israelí en Gaza, la mayoría abrumante de las comunidades y organizaciones judías a escala planetaria apoyaron explícitamente la masacre de civiles en Gaza argumentando que se trataba de una "guerra contra el terrorismo".

A pesar de que Israel no invadió ni perpetró un genocidio militar en Gaza con la religión judía, sino con aviones F-16, misiles, bombas de racimo, helicópteros Apache, tanques, artillería pesada, barcos, sistemas informatizados, y una estrategia y un plan de exterminio militar en gran escala, quien cuestione esa masacre es condenado por "antisemita" por el poder judío mundial distribuido por el mundo.

A pesar de que el lobby judío sionista que controla Israel, tanto como la Casa Blanca, el Tesoro y la Reserva Federal de EEUU no reza en las sinagogas sino en la Catedral de Wall Street, el que lo critique es tildado de inmediato como "antisemita" o "nazi" por las estructuras mediáticas y culturales controlados por el poder judío mundial.
Las campañas de denuncia de antisemitismo con las que Israel y las organizaciones judías buscan neutralizar a las criticas contra la masacre, abordan la cuestión como si el sionismo judío (sostén del estado de Israel) fuera una cuestión "racial" o religiosa, y no un sistema de dominio imperial que abarca interactivamente el plano económico, político, social y cultural, superando la cuestión de la raza o de las creencias religiosas.
El lobby sionista no controla el mundo con la religión: lo maneja con bancos, trasnacionales, hegemonía sobre los sistemas económicos-productivos, control sobre los recursos naturales, control de la red informativa y de manipulación mundial, y manejo de los valores sociales a través de la publicidad, la cultura y el consumo estandarizado y globalizado por los medios de comunicación.
En definitiva, el lobby judío no representa a ninguna sinagoga ni expresión racial, sino que es la estructura que maneja el poder mundial a través del control sobre los centros económicos-financieros y de decisión estratégica del sistema capitalista expandido como civilización "única".
Antes que por la religión y la raza, el lobby sionista y sus redes se mueven por una ideología política funcional: el sionismo capitalista-imperial que antepone el mercado, la concentración de riqueza, la "política de negocios", a cualquier filosofía que roce las nociones del "bien" o del "mal" entendidos dentro de parámetros sociales.
Entonces: ¿De qué hablan cuando hablan de "antisemitismo" o de "anti-judaismo religioso? ¿En que parámetros referenciales se basa la condición de "antisemita"? ¿Quién es antisemita? ¿Quién critica a los judíos por su religión o por su raza en las sociedades del mundo?
A lo sumo, a los judíos, como está probado en la realidad social de cualquier país, no se los critica por su religión o condición racial sino por su apego excesivo al status del dinero (también cultivado por otras colectividades) y a integrar estructuras o jerarquías de poder dentro de un sistema injusto de opresión y de explotación del hombre por el hombre, como es el sistema capitalista.


Salvo los grupos minoritarios de fanáticos y racistas que sólo se representan a sí mismos, en las sociedades (salvo el nazismo alemán y algunas excepciones) casi nunca hubo "persecución religiosa o racial" del judío, si no que hubo una asociación del judío con la "peor cara del capitalismo", representada en el sistema económico-financiero especulativo.


Este artículo fue escrito por: Manuel Freytas

Periodista, investigador, analista de estructuras del poder, especialista en inteligencia y comunicación estratégica. Es uno de los autores más difundidos y referenciados en la Web.

lunes, 7 de junio de 2010

El Neoinstitucionalismo y el proyecto económico de Antanas Mockus


Con la aguda crisis de desempleo, pobreza y desigualdad a la que nos ha conducido la implementación del modelo económico del neoliberalismo en Colombia, pocos dirigentes políticos y económicos se atreverían hoy a defender, abiertamente y sin algunos atenuantes, los principios de este espécimen desacreditado del fundamentalismo de mercados. Ahora lo hacen con subterfugios. Con “nuevos” términos acuñados por el uribismo: confianza inversionista, cohesión social y seguridad democrática. Los tres huevos que los candidatos Mockus y Santos se comprometen a defender a ultranza.

Podemos leer en la gran prensa, casi a diario, las conversiones y los nuevos acomodamientos de algunos paladines de la apertura económica en Colombia, como Rudolf Hommes y Guillermo Perry –ambos ex ministros de Hacienda en épocas de revolcones - e incluso, los inevitables nuevos dogmas neoliberales, aunque “legalistas”, de un ex director del Banco de la República, para la misma época.

Si bien las adhesiones al neoliberalismo aperturista no han variado, en esencia, por parte de los dos candidatos que quedaron en la competencia por la presidencia, Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, no usan, en público, la palabra neoliberalismo. Pero eso si, tienen una convicción firme en las supuestas ventajas de la libertad absoluta de los mercados. El costo político de una adhesión abierta al neoliberalismo o a la apertura económica, ante un electorado golpeado por la falta de empleo, la carestía de la vida, los bajos salarios, la pobreza y desigualdad consecuentes, tendría efectos adversos para sus pretensiones gubernativas.

En lugar de un reconocimiento directo de adhesión a la ortodoxia, estos candidatos prefieren explicar sus programas de gobierno en términos diferentes y, sobre todo, que despierten menos rechazo que los del crudo decálogo del Consenso de Washington y las interesadas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Juan Manuel Santos, apela al término propagandístico del “buen gobierno”, en alusión a la célebre denominación que uno de los Padres fundadores de los Estados Unidos, Madison, dio a su ideal de gobierno. Un gobierno capaz, entre otras cosas, de impedir la “tiranía mayoritaria”– es decir, el peso excesivo de la mayoría electoral en las decisiones de gobierno- en un marco de república liberal-aristocrática, que hizo todo –como dice Atilio Borón– para impedir la intervención de “la plebe”, en los manejos de los asuntos del Estado.

Entre tanto, la idea aparentemente “renovadora”, que presenta Antanas Mockus, nos remite a los lineamientos que el Banco Mundial dio, desde mediados de los años 90, para consolidar y profundizar la apertura neoliberal de la economía, en base no ya en las medidas estrictamente económicas (privatización de empresas públicas, liberalización comercial y de mercados financieros, reducción del gasto público, entre otras) sino, en especial, consolidando una reforma en las instituciones jurídico-legales.

El fortalecimiento del sistema judicial, el aumento de sus niveles de autonomía y de independencia frente a las decisiones de los poderes representativos del Estado (legislativo y ejecutivo) y el establecimiento de las altas cortes como poder supremo del Estado. De aquí que, ante cualquier pregunta que ataña a sus futuras decisiones de gobierno, Mockus se limite a declarar: “Lo que decida la Corte Constitucional”. Vale decir que, en su sistema de gobierno, el presidente electo presidirá, pero no gobernará. Las Cortes –no electas– lo harán por él, así sus decisiones no coincidan con los designios de la voluntad general y mayoritaria del pueblo.

La corriente de pensamiento económico que da soporte y en la cual se fundamenta el Banco Mundial, y también el BID, para introducir e impulsar la reforma neoliberal es llamada “Neoinstitucionalismo” y su representante más reconocido es Douglas North, premio Nobel de economía de 1993.

¿Qué es el neoinstitucionalismo?

El sentido histórico que ha adquirido el institucionalismo, desde sus orígenes en los Estados Unidos, se asocia a la necesidad de imponer frenos a las olas de democratización y de ascensos populares, cuando éstos eran juzgados como “excesivos” por los sectores dirigentes del Estado.
El diseño constitucional norteamericano, había previsto la puesta en plaza de un poder judicial federal que fuese independiente, por su origen y por el carácter vitalicio de los altos magistrados, de los designios de la voluntad popular. Mientras que los otros poderes, surgidos de elecciones populares periódicas –como el legislativo y el ejecutivo– podían cambiar sus orientaciones, siempre permanecerían las instituciones de la justicia –supuestamente independiente– que pudieran impedir cambios significativos en la organización liberal del Estado.

Desde finales del siglo XIX, al mismo tiempo que se consolidaban procesos de democratización en las sociedades desarrolladas, como la extensión del sufragio universal masculino, la adquisición de derechos de asociación y expresión, se afirmaban también las tendencias de pensamiento económico, que ubican a las instituciones liberales, diseñadas en la constitución estadounidense, como el modelo óptimo de desarrollo económico, político y social.

El llamado institucionalismo norteamericano –desde fines del siglo XIX– coloca al poder judicial del Estado, como el garante supremo y como la salvaguarda fundamental de los principios liberales (derecho de propiedad y estabilidad en el cumplimiento de los contratos entre particulares).

Desde esa época agitada, algunos economistas pusieron en relieve el papel fundamental de las instituciones y las leyes en el mantenimiento de orden liberal y el funcionamiento eficiente del mercado. Commons formuló el principio, desde la economía, que la escasez económica conduce a la competencia entre diversos intereses por capturar los recursos disponibles. La presencia de sólidas instituciones estatales y de reglas de negociación evitaría, o por lo menos podría contrapesar, los desbordamientos de la democratización o la excesiva energía de los reclamos populares, por una eventual distribución, al tiempo que se reducirían los costos de transacción, implícitos en todo conflicto de intereses que no estuviera previsto por el aparataje legal–institucional.

El llamado neoinstitucionalismo, que se derivará de estas posturas, y en la actualidad, muy particularmente, de los trabajos de Douglass North. Este autor se interesa en el afianzamiento de los derechos de propiedad y en asegurar el cumplimiento de los contratos entre los agentes económicos, como pueden ser los inversionistas extranjeros y los gobiernos de las naciones que hayan recibido esas inversiones.

Estableciendo un nuevo tipo de determinismo judicial, North podría jactarse de haber formado un modelo en donde Carlos Marx está puesto “patas para arriba”, pues según el neoinstitucionalismo, la configuración del sistema institucional y jurídico–legal, no está condicionado –en última instancia– por el desarrollo y características de las relaciones socio–económicas, sino, por el contrario, son las normas e instituciones legales, las que determinan –de una manera bastante mecánica– el crecimiento y desarrollo económico de los países. Vale decir, si queremos alcanzar niveles de desarrollo semejantes al de los Estados Unidos, no tenemos más que copiar sus instituciones y normas legales.

Según este enfoque, si la reforma aperturista neoliberal falló, si creó, por ejemplo, en Colombia condiciones de desigualdad, pobreza y desempleo, mayores que antes de su implementación, esto no se debió a que fuese un modelo del capitalismo financiero, por el capitalismo financiero y para el capitalismo financiero, sino porque nuestras instituciones jurídico–legales, son “débiles”. Se hace necesario, entonces, fortalecerlas, aumentar su independencia, dotarlas de más autoridad que las instancias elegidas por el pueblo.

Para el neoliberalismo neoinstitucionalista, en este momento, se trata de bajar “los costos de transacción”. Entre estos costos de transacción, se incluyen: las regalías que las empresas transnacionales deben pagar al Estado o a sus regiones para la explotación y usufructo de sus recursos naturales, los costos de los estudios de impacto ambiental y social, que algunas legislaciones incorporaron como obligatorios, los altos salarios, cargas sociales y cargas fiscales sobre las grandes empresas.

¿Cómo se logra este nuevo ajuste estructural de la economía? Pues fortaleciendo las instituciones judiciales, haciendo cumplir las normas, incorporando a las altas cortes como poder supremo del Estado. Para decirlo en palabras de Antanas Mockus: “Colombia debe entrar en la Legalidad”, “Se deben bajar los costos de transacción”, “el Estado debe estar presente en cada región, en lo posible en cada municipio, no sólo con el ejército, como sucede ahora, sino que al lado de cada unidad del ejército debe haber una unidad de la fiscalía y un juez”.

Ese es el cambio educativo–dirigista que le propone Mockus a Colombia: la “interiorización” de las leyes que favorezcan el neoliberalismo, y la inclusión, al lado de las instituciones del garrote, de las otras instituciones, menos violentas, por cierto –pero no menos autoritarias– de la Ley, de la zanahoria.

La opción verde, es la opción más avanzada y legal del neoliberalismo en Colombia
Varios son los obstáculos que la democracia, el socialismo y las instituciones republicanas en Colombia – a las que se tilda sistemáticamente y sin discriminación de “corruptas”– oponen a esta profundización del neoliberalismo institucionalizado. Como atravesamos una nueva etapa de “democratización”, los gobiernos, en los sistemas representativos, cambian. Como cambian también las inclinaciones del electorado, y ante las crisis recurrentes que produce el neoliberalismo – financieras, de recesión, de desempleo, de desigualdad – se abren fuertes posibilidades de ascenso de gobiernos populares y democráticos, es decir del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

La reforma neoinstitucional, defendida punto por punto por el programa verde, debería impedir, imponiendo límites severos, este desbordamiento democrático de la voluntad popular. ¿Cómo hacerlo? Imponiendo el imperio de la Ley como limitante de las eventuales tiranías mayoritarias. Claro que pasaríamos al extremo contrario, a establecer lo que Salomón Kalmanovitz, llama una “tiranía de los magistrados”.

Evidentemente –para el enfoque neoliberal y neoinstitucionalista– en épocas de crisis, no son los órganos representativos del Estado (Congreso o Presidencia de la República) los que pueden asegurar la estabilidad y la seguridad en el cumplimiento de ese tipo de contratos, destinados a favorecer la inversión extranjera en el país, sino el mecánico accionar del aparato jurídico–legal, supuestamente libre él, de “puja de intereses”, de “corrupción” y de nefastas influencias “populistas”.

En esta perspectiva neoliberal, de avanzada, refinada, sin duda, pero también engañosa y cubierta de un cierto halo místico, de una ética metafísica, de un autoritarismo difuso, se inscribe el programa de gobierno del doctor Mockus.

¿Mejoraría las actuales condiciones de vida de los colombianos? ¿Atenuaría la alarmante inequidad social, siempre en provecho de los sectores financieros y oligárquicos del país y en desmedro de las amplias mayorías nacionales? ¿Crearía más empleo y desarrollo económico endógeno, local? ¿Facilitaría una mejor y más equitativa distribución de las tierras productivas entre la población campesina? ¿Aumentarían los salarios reales de los trabajadores, su cobertura de salud, jubilación, servicios sociales?

A todas a estas preguntas, Antanas Mockus, ha dado respuestas, en sus diversas intervenciones, generalmente negativas. Por supuesto, sus adherentes, tienen todo el derecho a descreer de las propias declaraciones públicas del candidato. Adjudicarlas a un momento de confusión, de impericia, de oportunismo o a una supuesta “genialidad ultramundana” fuera del alcance cognitivo del común de los mortales.

Cubriéndose de esperanza, a la que muchos pintan de verde, sus adherentes quieren soñar con una Colombia mejor, uniéndose detrás de su programa y pensando que, tal vez, si se “legalizan” los actuales procesos, aunque tibiamente, se alcanzarán a la larga, mejores condiciones de vida. Nada es menos seguro que esta esperanza institucionalista. El infierno –según nos cuenta el Dante–, también está sometido a leyes.

No obstante, el desarrollo de la segunda vuelta y el muy seguro triunfo del candidato del gobierno, los verdes aspiran a recoger el rechazo a las políticas uribistas de los votantes de otros proyectos políticos y de los abstencionistas, y así canalizar a través de lo que han llamado un alianza ciudadana una adhesión a sus postulados. La experiencia histórica y política de un pueblo, no se puede remplazar por el análisis que los sectores sociales, algunos intelectuales, socialistas, demócratas, nacionalistas de izquierda, podamos hacer a su propósito. Pero también nuestro deber, como tales, nos lleva a tratar de dilucidar los contenidos y las intenciones de uno de los programas que están en la recta final por la Presidencia de la República. Nos parece un programa neoliberal, tanto como el de Santos. Una propuesta de gobierno que profundiza las condiciones de un modelo económico, basado casi exclusivamente en la atracción de la inversión extranjera y que, en vista de reducir los costos de transacción para las empresas, arriesga de recrudecer, aún más, las condiciones de pobreza y desigualdad existentes en el país.

A pesar de ser partícipe de esta marea de oposición a la candidatura de Juan Manuel Santos y de haber liderado la oposición y la denuncia a los desmanes del uribismo durante estos duros años de desgobierno, el Polo Democrático Alternativo no puede aunar sus votos a otro programa neoliberal, neoinstitucionalista, sin renunciar a su propósito de dotar de un sentido social a las políticas económicas de la nación colombiana. Nuestra intención no es la de destruir una esperanza, sino la de construir la fe y esperanza de nuestro pueblo sobre una base social, de mayor equidad y, sobre todo, verdadera.

POR:
Juan Federico Moreno
Bogotá, junio de 2010