La reforma a la ley 30 pretende aumentar la cobertura, mejorar la calidad, impulsar la innovación y asegurar la equidad invirtiendo 2.4 billones en los próximos 3 años, de los cuales un poco menos de la mitad –1.21 billones– sería responsabilidad del estado y el resto correspondería a la iniciativa privada. ¿Cuáles el incentivo para que la inversión privada descienda, de repente y en tal cantidad, sobre la educación superior? Simple: la apertura del sector a la inversión privada con ánimo de lucro. La motivación no puede ser mejor intencionada: si las universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro no han absorbido a los centenares de jóvenes que todos los años se gradúan de secundaria, ¿por qué no dejar a empresarios audaces la tarea que ni el estado ni las universidades privadas tradicionales han podido realizar? La motivación se hace todavía más irresistible si tenemos en cuenta que los más pobres y los peor educados son los que, o no acceden a la educación superior, o si lo hacen no logran graduarse. Imposible encontrar mejor motivación para una política educativa. Pero lo que no dicen ni los documentos del Ministerio de Educación, ni los diseñadores de esta política en el mundo, ni los grandes empresarios más ricos hoy que hace10 años, es que este sistema es costoso ineficiente y fraudulento
Costoso, porque, al contrario de lo que la economía de libro de texto supone, los precios de la educación con ánimo de lucro no caen hasta su precio más bajo, a través de la competencia, sino que crecen hasta el límite fijado por los préstamos y subsidios gubernamentales. En los Estados Unidos, el costo anual promedio de la educación en una de esas universidades o institutos alcanza US$31,976. De los cuales US $ 24,957 termina siendo deuda que cae sobre los hombros de los estudiantes y de sus familias. ([1], 3)Aunque parezca extraño es el estado el que paga la diferencia entre el precio de la matrícula y lo que el estudiante o su familia puedan pagar. Ese subsidio tiene dos formas: becas y préstamos que los estudiantes deben pagar después de su graduación. En la medida en que la diferencia entre el precio y el pago del estudiante sea más grande, mayor el préstamo y más grande el endeudamiento futuro de cada uno. Como la mayoría de los estudiantes que deberán usar esta opción son pobres, el endeudamiento estará por encima de sus ingresos actuales y con alta probabilidad por encima de sus ingresos futuros. El problema se hace más grave si la mayoría de los estudiantes no logra graduarse –como en efecto ocurre– y si la pequeña minoría que lo hace sólo alcanza empleos de baja remuneración.
Ineficiente porque en Estados Unidos sólo el 9% de los estudiantes de las universidades con ánimo de lucro se gradúan, frente al 55% y 65% de las universidades privadas y públicas tradicionales. Es obvio que esta tasa de graduación no sólo no permite pagar los préstamos otorgados, sino que es un despilfarro enorme de recursos estatales y privados. Los únicos que ganan en este esquema son los empresarios privados, que se embolsillan los fondos estatales, mientras que los estudiantes se quedan con deudas eternas, y el gobierno y la sociedad pierden los recursos invertidos. Difícil encontrar un caso más dramático de paso de los recursos del estado a manos privadas con muy poco beneficio público. Difícil también encontrar un país mejor preparado para la captura de los recursos del estado lograda por políticos, contratistas, intermediarios y empresarios que Colombia. Con un mínimo de suspicacia y de imaginación es fácil entrever el carrusel de carruseles educativos que ya debe estar listo para apropiarse de los recursos públicos. Y es fraudulento porque las universidades con ánimo de lucro han presionado, convencido y llevado a estudiantes con ingresos familiares y personales muy bajos para incurrir en préstamos que ellos saben muy bien que no pueden pagar. Lo hacen porque el incremento del número de estudiantes es la única forma de hacer crecer sus ingresos. La situación es similar a lo ocurrido con las hipotecas de dudosa calidad concedidas en los Estados Unidos durante la burbuja inmobiliaria que condujo al desastre financiero global de 2008. La súbita preocupación de bancos y prestamistas por la falta de vivienda de los más pobres difícilmente ocultaba sus deseos especulativos. La repentina preocupación por la educación superior de los más pobres oculta un negocio gigantesco que puede terminar, como ha estado ocurriendo en los EU en la última década, en gigantesco fraude al estado y a las ilusiones y a los futuros de los jóvenes más pobres y de sus familias. Hoy, el gobierno de Obama está intentando regular la burbuja educativa privada a punto de estallar. ([[1]])
En Colombia, la salida de afán para la evidente amenaza de riesgo moral en la educación superior con ánimo de lucro ha sido la vigilancia para controlarla calidad. Pero es bien conocido que los sistemas basados en la vigilancia y en el control tienden a ser ineficientes. ¿Cuántos funcionarios se requerirían para vigilar el conjunto de las nuevas universidades e institutos creados por la reforma? ¿Cómo asegurar que la vigilancia se convierta en calidad? Incluso si el sistema de vigilancia resultara efectivo, los costos serían demasiado altos: universidades cerradas, programas terminados, estudiantes que han perdido su tiempo, su dinero y sus ilusiones. Y un estado que habría invertido muy mal sus recursos. El punto es que los incentivos disponibles no están orientados hacia la calidad, sino hacia las ganancias rápidas. El sistema, por tanto, no “cierra”: no hay métodos de vigilancia que produzcan calidad en un sistema cuyos incentivos reales van en otra dirección.
1. MUCHAS VERDADES A MEDIAS, UNA MENTIRA GIGANTESCA
Los documentos del Ministerio de Educación abundan en ejemplos internacionales que mostrarían las bondades sin fin del sistema. Acumulan verdades a medias, pedazos de verdad, hasta completar una mentira tan grande como el fraude de la educación con ánimo de lucro en los EU. Los números ayudan, como ayudan a todos los gobiernos: la matrícula de estudiantes en las universidades con ánimo de lucro creció en los EU en un 236% entre 1999 y 2009, mientras que en las tradicionales sólo creció en un 20%. El campus virtual de la más exitosa de ellas, la Universidad de Phoenix, tenía en 2009 176,000 estudiantes, y en todos sus campus tiene una población casi tan grande como la de UNAM, la segunda universidad de América Latina: 238,000 estudiantes. ¿Habrá un sueño mejor para un gobierno que quiere mostrar cifras y elevar sus niveles de aprobación? Pero esos números esconden otros números que ni el Ministerio ni sus asesores publican. Además de que sólo el 9% de los estudiantes matriculados se gradúan en las universidades con ánimo de lucro, el gigante de ese tipo de negocios, la Universidad de Phoenix recibió más de un billón de dólares en becas y préstamos sólo en el periodo 2009-2010. En promedio, el nuevo sector deriva el 66% de sus ingresos de fondos estatales, y 15% de esas instituciones derivan entre el 85 y el90% de sus ingresos de otra forma de ayuda estatal denominada Title IV ([1] 2).
En últimas es dinero estatal que termina, en una proporción no despreciable, en manos privadas, mientras que los estudiantes y sus familias se quedan con deudas impagables y con una educación de dudosa calidad.
Consideren el caso del Brasil. Sí, es cierto que hoy el 92% de las IES son pequeñas empresas, la mayoría con ánimo de lucro, que cubren la demanda por educación de los más pobres y peor preparados. Pero también es cierto que la educación que brindan es de muy baja calidad, centrada en docencia repetitiva y dirigida a la obtención de credenciales para acceder a empleos de baja remuneración. Y también es cierto que el gobierno del Brasil no ha dejado de invertir en la educación superior pública de alta calidad y que, además, está invirtiendo casi un 2% de su PIB en ciencia y tecnología. No por casualidad entre las mejores cinco universidades de América Latina cuatro son del Brasil y públicas. Más aún: el gobierno del Brasil inició en 2004 uno de los planes más ambiciosos para transformar el conjunto de su sistema educativo: la enseñanza basada en la ciencia para los más pobres. Con una inversión privada y gubernamental que ya pasa de los 50 millones de dólares han creado centros de enseñanzas en los lugares más pobres del Brasil, con currículos basados en la ciencia y en hacer ciencia. El plan es crear 354 centros de ese tipo en todo el país. Como lo dice Miguel Nicolelis, el neurocientífico artífice del programa: Lo bacano es que no estamos hablando de construir un edificio o una carretera, [sino] de cómo educar a los pelados de un país como el nuestro usando la ciencia como la fuerza motriz.([2], 75)Aquí está la diferencia más fuerte entre lo que pretende la propuesta del gobierno colombiano y lo que están haciendo los países que sus asesores citan como los modelos por imitar: Tanto en Brasil, como en los llamados “tigres asiáticos”, y en China, gobiernos y sociedades están comprometidos en transformar sus sistemas educativos para tener sociedades más iguales y más justas. A primera vista parece lo mismo que quiere el gobierno colombiano, pero no loes. La diferencia está en el tipo de apuesta en el que se comprometen gobiernos y sociedades. Mientras que lo propuesto en Colombia, y lo que han intentado en los Estados Unidos, es la típica apuesta especulativa, que termina enriqueciendo a unos pocos y hundiendo en la pobreza a la mayoría, las apuestas de los otros países mencionados son de otra especie. Por supuesto, actúan hoy para alcanzar un objetivo deseado en un futuro incierto, pero no son ni especulativos ni mezquinos en sus apuestas. Invertir más del 2% del PIB en ciencia y tecnología, o usar la ciencia para superar la ignorancia, la pobreza y la inferioridad, o crear 30 nuevas universidades de clase mundial (como lo hizo China), suponen una extrema confianza en la capacidad de sus ciudadanos y unas prioridades distintas a las que dominan en la propuesta del gobierno colombiano.
2.LA RENUNCIA DEL ESTADO
El facilismo extremo con el que el gobierno intenta renunciar a su responsabilidad de dirigir la educación y el futuro de los colombianos, descargándola sobre el sector privado, haciendo uso de los mecanismos menos eficientes y más fraudulentos, hace pensar en una renuncia deliberada a su responsabilidad de dirigirla política educativa. Una renuncia que parece compatible con la captura del estado por intereses privados, con su escaso margen de maniobra económica, y con las restricciones impuestas por la guerra, la deuda y el pasivo pensional. Quizás en la renuncia del gobierno a aprovechar la oportunidad de transformar todo el sistema educativo para avanzar hacia la innovación y la igualdad, hay una fractura más profunda del estado colombiano. Un estado prisionero de intereses privados, sin control sobre sus recursos, y restringido por políticas mezquinas y suicidas no puede dirigir los procesos de cambio que la educación y la sociedad colombianas requieren con urgencia. El problema planteado por la reforma es real: la cobertura actual de la educación superior reproduce y profundiza la desigualdad. Pero la solución elegida es la peor entre muchas disponibles. Hará más fuerte la desigualdad, transferirá recursos públicos a manos privadas, aumentará una corrupción ya de por sí desbordada, dejará endeudados a centenares de miles de jóvenes y a sus familias, y alejará aún más al país de la educación de calidad requerida para la innovación y el desarrollo. Una propuesta seria pasa por reformar el conjunto del sistema educativo, empezando por la primaria y la secundaria, aumentar la inversión en ciencia y tecnología y llevar la mejor educación posible a los más pobres y vulnerables –incluyendo la creación de nuevas universidades públicas. Para lograrlo se requeriría de una fuerte inversión estatal y de un cambio radical en las prioridades del gobierno y de la sociedad.
References
[1] Mamie Lynch, Jennifer Engle, and José L. Cruz. 2010. Subprime Opportu-nity: The Unful…lled Promise of For-Pro…t Colleges and Universities, The Education Trust November: 1-8.
[2] Christine Soares. 2008. Building a Future on Science,Scienti…c American 298: 72-77.5
[1] Es curioso que la referencia al texto de Lynch et al. esté en el documento del Ministerio de Educación Nacional. ¿No lo leyeron? ¿O no extrajeron ninguna consecuencia de su lectura? ¿O si las extrajeron y las ignoraron? ¿O como dijo la representante del Ministerio, “es mejor hacer un promedio entre las experiencias buenas y las malas”
No hay comentarios:
Publicar un comentario