PROGRAMA MINIMO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

I. FINANCIACIÓN

- Aseguramiento de la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos de manera íntegra y categórica la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.

- Financiamiento estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.

- El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.

- Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.

- El Icetex solo será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos, suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.

II. DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA

- Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:

i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma;

ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad;

iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes ECAES-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.

III. BIENESTAR

- Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.

- Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.

IV. CALIDAD ACADÉMICA

- Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos:

i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva;

ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.

V. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

- Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.

VI. RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

- La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio-ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.

Salvemos al Hospital Universitario del Valle

COMUNICADO DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Como es de conocimiento de los vallecaucanos y de la comunidad en general, el Hospital Universitario del Valle, “Evaristo García”, HUV, atraviesa por una crítica situación financiera, que lo afecta gravemente en su funcionamiento y que de continuar, implicaría su cierre o que desaparezca como único hospital público donde además de servicio, se hace investigación. Frente a esta amenaza, el Consejo Académico de la Universidad del Valle expresa su gran preocupación, en particular porque dicha crisis tiene su origen en razones estructurales propias del Sistema de Salud, lo cual hace aún mucho más difícil y complejas sus alternativas de solución.

Aunque la Universidad del Valle y el HUV son dos entidades distintas, con su propia organización y estructuras de financiamiento, la suerte del Hospital afecta seriamente a la Universidad, y en especial a su Facultad de Salud, ya que sus programas de pregrado y posgrado, se apoyan para su trabajo académico, formativo e investigativo, en las instalaciones, áreas y recursos del HUV. El que deje de funcionar el HUV o la disminución de sus servicios, afectaría seriamente la marcha de la Facultad y la formación de sus estudiantes. Es el HUV centro de práctica para los ocho Programas Académicos de pregrado y los 25 programas académicos de posgrado en ciencias clínicas y diferentes áreas de la salud. Desde su creación, inicialmente como parte de la Universidad del Valle, la relación entre estas dos instituciones públicas ha sido determinante para ofrecer un servicio de salud con alta calidad científica y una formación de profesionales con altas competencias y atemperados a realidades. La suerte del HUV no nos es indiferente, y al contrario, implica un gran compromiso de la Universidad del Valle, el cual se ha manifestado en una mayor presencia en las actividades de servicio, en inversión y en una mayor participación en su Junta Directiva.

Sin embargo, más allá de los traumatismos que esta crisis implicaría para la Universidad, lo más grave es la suerte del HUV, el principal centro de atención para la salud de los vallecaucanos. El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, es la institución hospitalaria pública de tercer nivel más importante del sur occidente del país y la más grande de Colombia de acuerdo con el número de camas instaladas (más de 576). Entre los servicios a la salud de los habitantes de la región, el HUV realizó, en 2010, 99.459 consultas de urgencias; 193.542 consultas especializadas ambulatorias; 6.044 eventos obstétricos; 31.766 cirugías; 887.542 exámenes de laboratorio y 114.545 imágenes diagnósticas. Es importante señalar también que el HUV, además de sus dificultades financieras y operacionales, se encuentra desbordado, con una altísima congestión y un grave hacinamiento, siendo una suerte de “Hospital de guerra”, con todas las negativas consecuencias para la salud pública.

La inmensa cartera del HUV, que suma más $ 168.579’000.000, y que lo tiene al borde del colapso total, es solo la expresión más visible de un problema estructural del sistema de salud colombiano, que ha desatendido programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ha desarticulado el sistema de referencia y contrarreferencia de la red pública, ha desestimulado y pulverizado la otrora activa participación comunitaria (de tanto valor en la Atención Primaria en Salud) y ha colocado el peso específico para la dinamización de sistema en lo financiero y no en la atención integral y de calidad a las personas. Los efectos de estas situaciones afectan tanto al HUV como al conjunto de las instituciones del sistema de salud, y por ende a la salud y la vida de los habitantes de la región y el país. Es absolutamente indispensable que las entidades públicas y privadas que le adeudan dineros al HUV los paguen sin dilación, toda vez que han sido sustentados hasta la saciedad sus soportes. Son dineros del Hospital que los requiere para el pago de personal de salud, administrativo y de servicios, la compra de insumos y medicamentos vitales para la atención a pacientes y el mantenimiento y arreglo de equipos médicos, para prestar un buen servicio a la comunidad.

Esta crisis nos debe convocar a todos: a la Alcaldía de Santiago de Cali, municipalidad que aporta la gran mayoría de sus pacientes y que ha estado ausente, la Gobernación del Valle, que ha hecho esfuerzos para mejorar las transferencias, pero debe mejorar su esquema de financiamiento al Hospital, el Estado central pues el HUV atiende pacientes de todo el país y que tiene en sus manos el cambiar las políticas públicas en salud, indispensables para corregir las causas de fondo de sus crisis, así como de las EPS y otros operadores que no le cumplen al HUV con sus deudas y obligaciones. La Universidad del Valle, de su parte, en reunión de los profesores miembros de la Junta Directiva con el señor Gobernador el pasado 12 de agosto, ha manifestado su firme decisión de contribuir a estas soluciones en el marco de sus campos de acción, incluyendo el acompañamiento en la modernización tecnológica, en proyectos para apropiar recursos del Sistema General de Regalías y las transformaciones organizacionales del HUV, en particular en lo atinente al modelo de gestión, y a los demás aspectos en los que desde sus Facultades, en especial las de Salud, Ciencias de la Administración e Ingeniera, cuenta con la posibilidad de brindar su concurso académico y científico, tanto en el diagnóstico como en las estrategias de solución a dicha crisis.

El Hospital requiere con urgencia del apoyo decidido de los vallecaucanos, de los gobiernos departamental y municipal, de las fuerzas vivas del departamento, de los líderes de opinión, de la prensa y del gobierno nacional. Es indispensable rodear con firmeza al HUV y acompañarlo en sus reclamos, puesto que su cierre será inminente si la sociedad vallecaucana no actúa con determinación y rapidez para defenderlo como la “joya de la corona” de la salud pública en el departamento y la región. Así, pues, hacemos un llamado urgente a la sociedad vallecaucana, puesto que vemos con honda preocupación la necesidad de actuar públicamente y convocar a toda la sociedad para salvar al HUV ante la gravedad de su situación actual y el irreversible daño que le causaría su cierre a la salud pública de la región y a la formación en la Universidad del Valle de profesionales de la salud, de alta calidad y con reconocimiento nacional e internacional.

Santiago de Cali, 2 de septiembre de 2011.

NI CON MENTIRAS, NI CON ASTUCIAS, SANTOS ENGAÑARA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El gobierno de Santos ha duplicado sus esfuerzos en hacer creer al país que su Nueva Ley de Educación Superior (reforma a la Ley 30) será la solución definitiva a los problemas de las universidades, fruto de ello han sido los recientes anuncios ante los medios de comunicación:

1. La supuesta retirada del “ánimo de lucro” de la nueva ley de educación superior, que aunque fuere cierto no implica que no se avance en el marchitamiento, privatización y mercantilización de la universidad colombiana; el “ánimo de lucro” es uno de los muchos medios para llegar a la meta anhelada por Santos, entregar la educación al sector financiero, recordemos que en países como Chile y Corea del Sur, incluso en Colombia, está prohibido el ánimo de lucro pero solo en el papel, las multinacionales de la educación hacen mil maromas para sacar jugosas ganancias en cada uno de sus negocios, una prueba de ello es que la Whitney International University System (WIUS), multinacional del sector educativo, ya tiene su propia franquicia en el país desde el año 2006, la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano (IUPG) de Bogotá, esta franquicia reporta impresionantes rendimientos financieros según una investigación realizada por el Profesor Francisco Piedrahíta, Rector de la Universidad ICESI. La reforma a la Ley 30 continua por el oscuro camino de la privatización.

2. Se pondrá en marcha una ampliación de créditos y “becas”(un total de 1.2 billones de pesos) mediante el ICETEX a miles de estudiantes universitarios colombianos, con el ánimo de vincular a miles de familias al sistema financiero, dineros que bien podrían servir para cubrir en gran medida la enorme deuda del gobierno (700 mil millones de pesos según los propios rectores) con las universidades; La mayoría de estos dineros terminaran en manos de las universidades privadas mientras que las universidades públicas seguirán en crisis.

Es un intento más por evitar lo inevitable, millones de jóvenes, acompañados de sus familias, saldrán a las calles a defender la educación como un derecho.

No es la primera vez que el gobierno intenta confundir a la opinión pública, ya lo había hecho anunciando a los cuatro vientos que su propuesta de reforma a las universidades tenía el visto bueno de los rectores, anuncio que fue desmentido por ellos mismos en distintos comunicados de prensa; es tan perversa esta nueva ley de educación superior que los mismos rectores se siguen oponiendo, en cierta medida, a su aplicación.

Santos es peor que Uribe en educación superior, el alumno ha superado al maestro en materia de privatización, neoliberalismo y mercantilización de las universidades colombianas, la Nueva Ley de Educación Superior pretende dar vía libre a las grandes universidades multinacionales y a las “universidades corporativas”, verdaderos mercaderes de la educación que se enriquecen a diario a costa de millones de familias en el mundo entero, garantizando sus ganancias y privilegios, todo en el marco del TLC con los Estados Unidos; nos quieren vender un viejo y peligroso remedio que en otros países ya no traga nadie: una fuerte dosis de inversión extranjera como solución a todos los males, eliminando la educación como un derecho, transformándola en una mercancía.

Convertir la educación en una mercancía es el propósito final del gobierno de la Unidad Nacional, y como cualquier mercancía, la educación de calidad estará reservada para quienes tengan como pagarla, mientras que la educación pobre y mediocre será la única opción para las grandes mayorías.

La movilización ha sido el camino que han elegido los pueblos de muchos países cuando sus gobiernos intentan profundizar políticas privatizadoras y neoliberales, hoy los estudiantes Chilenos dan el ejemplo al mundo con un movimiento portentoso, organizado, civilista, que involucra a millones en las calles y que unificado bajo una sola bandera exige la terminación inmediata de la intermediación financiera privada en las universidades (que lleva años establecida) y una adecuada financiación pública a las universidades, ahora es el turno de los colombianos.

Preparemos nuestras fuerzas y concentremos todos los esfuerzos en derrotar la Nueva Ley de Educación Superior, este llamado es la bienvenida que la Organización Colombiana de Estudiantes -OCE- les da este nuevo semestre.

¡Con Santos y su Nueva Ley de Educación Superior todos los caminos llevan a la mercantilización y la privatización!

¡Por una Educación Pública de Calidad, Científica, Gratuita y al Servicio del Pueblo Colombiano!

Escríbenos a: ocebuga@gmail.com

www.OCEcolombia.com

LA PEOR REFORMA PARA UN PROBLERMA URGENTE

La reforma a la ley 30 pretende aumentar la cobertura, mejorar la calidad, impulsar la innovación y asegurar la equidad invirtiendo 2.4 billones en los próximos 3 años, de los cuales un poco menos de la mitad –1.21 billones– sería responsabilidad del estado y el resto correspondería a la iniciativa privada. ¿Cuáles el incentivo para que la inversión privada descienda, de repente y en tal cantidad, sobre la educación superior? Simple: la apertura del sector a la inversión privada con ánimo de lucro. La motivación no puede ser mejor intencionada: si las universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro no han absorbido a los centenares de jóvenes que todos los años se gradúan de secundaria, ¿por qué no dejar a empresarios audaces la tarea que ni el estado ni las universidades privadas tradicionales han podido realizar? La motivación se hace todavía más irresistible si tenemos en cuenta que los más pobres y los peor educados son los que, o no acceden a la educación superior, o si lo hacen no logran graduarse. Imposible encontrar mejor motivación para una política educativa. Pero lo que no dicen ni los documentos del Ministerio de Educación, ni los diseñadores de esta política en el mundo, ni los grandes empresarios más ricos hoy que hace10 años, es que este sistema es costoso ineficiente y fraudulento

Costoso, porque, al contrario de lo que la economía de libro de texto supone, los precios de la educación con ánimo de lucro no caen hasta su precio más bajo, a través de la competencia, sino que crecen hasta el límite fijado por los préstamos y subsidios gubernamentales. En los Estados Unidos, el costo anual promedio de la educación en una de esas universidades o institutos alcanza US$31,976. De los cuales US $ 24,957 termina siendo deuda que cae sobre los hombros de los estudiantes y de sus familias. ([1], 3)Aunque parezca extraño es el estado el que paga la diferencia entre el precio de la matrícula y lo que el estudiante o su familia puedan pagar. Ese subsidio tiene dos formas: becas y préstamos que los estudiantes deben pagar después de su graduación. En la medida en que la diferencia entre el precio y el pago del estudiante sea más grande, mayor el préstamo y más grande el endeudamiento futuro de cada uno. Como la mayoría de los estudiantes que deberán usar esta opción son pobres, el endeudamiento estará por encima de sus ingresos actuales y con alta probabilidad por encima de sus ingresos futuros. El problema se hace más grave si la mayoría de los estudiantes no logra graduarse –como en efecto ocurre– y si la pequeña minoría que lo hace sólo alcanza empleos de baja remuneración.

Ineficiente porque en Estados Unidos sólo el 9% de los estudiantes de las universidades con ánimo de lucro se gradúan, frente al 55% y 65% de las universidades privadas y públicas tradicionales. Es obvio que esta tasa de graduación no sólo no permite pagar los préstamos otorgados, sino que es un despilfarro enorme de recursos estatales y privados. Los únicos que ganan en este esquema son los empresarios privados, que se embolsillan los fondos estatales, mientras que los estudiantes se quedan con deudas eternas, y el gobierno y la sociedad pierden los recursos invertidos. Difícil encontrar un caso más dramático de paso de los recursos del estado a manos privadas con muy poco beneficio público. Difícil también encontrar un país mejor preparado para la captura de los recursos del estado lograda por políticos, contratistas, intermediarios y empresarios que Colombia. Con un mínimo de suspicacia y de imaginación es fácil entrever el carrusel de carruseles educativos que ya debe estar listo para apropiarse de los recursos públicos. Y es fraudulento porque las universidades con ánimo de lucro han presionado, convencido y llevado a estudiantes con ingresos familiares y personales muy bajos para incurrir en préstamos que ellos saben muy bien que no pueden pagar. Lo hacen porque el incremento del número de estudiantes es la única forma de hacer crecer sus ingresos. La situación es similar a lo ocurrido con las hipotecas de dudosa calidad concedidas en los Estados Unidos durante la burbuja inmobiliaria que condujo al desastre financiero global de 2008. La súbita preocupación de bancos y prestamistas por la falta de vivienda de los más pobres difícilmente ocultaba sus deseos especulativos. La repentina preocupación por la educación superior de los más pobres oculta un negocio gigantesco que puede terminar, como ha estado ocurriendo en los EU en la última década, en gigantesco fraude al estado y a las ilusiones y a los futuros de los jóvenes más pobres y de sus familias. Hoy, el gobierno de Obama está intentando regular la burbuja educativa privada a punto de estallar. ([[1]])

En Colombia, la salida de afán para la evidente amenaza de riesgo moral en la educación superior con ánimo de lucro ha sido la vigilancia para controlarla calidad. Pero es bien conocido que los sistemas basados en la vigilancia y en el control tienden a ser ineficientes. ¿Cuántos funcionarios se requerirían para vigilar el conjunto de las nuevas universidades e institutos creados por la reforma? ¿Cómo asegurar que la vigilancia se convierta en calidad? Incluso si el sistema de vigilancia resultara efectivo, los costos serían demasiado altos: universidades cerradas, programas terminados, estudiantes que han perdido su tiempo, su dinero y sus ilusiones. Y un estado que habría invertido muy mal sus recursos. El punto es que los incentivos disponibles no están orientados hacia la calidad, sino hacia las ganancias rápidas. El sistema, por tanto, no “cierra”: no hay métodos de vigilancia que produzcan calidad en un sistema cuyos incentivos reales van en otra dirección.

1. MUCHAS VERDADES A MEDIAS, UNA MENTIRA GIGANTESCA

Los documentos del Ministerio de Educación abundan en ejemplos internacionales que mostrarían las bondades sin fin del sistema. Acumulan verdades a medias, pedazos de verdad, hasta completar una mentira tan grande como el fraude de la educación con ánimo de lucro en los EU. Los números ayudan, como ayudan a todos los gobiernos: la matrícula de estudiantes en las universidades con ánimo de lucro creció en los EU en un 236% entre 1999 y 2009, mientras que en las tradicionales sólo creció en un 20%. El campus virtual de la más exitosa de ellas, la Universidad de Phoenix, tenía en 2009 176,000 estudiantes, y en todos sus campus tiene una población casi tan grande como la de UNAM, la segunda universidad de América Latina: 238,000 estudiantes. ¿Habrá un sueño mejor para un gobierno que quiere mostrar cifras y elevar sus niveles de aprobación? Pero esos números esconden otros números que ni el Ministerio ni sus asesores publican. Además de que sólo el 9% de los estudiantes matriculados se gradúan en las universidades con ánimo de lucro, el gigante de ese tipo de negocios, la Universidad de Phoenix recibió más de un billón de dólares en becas y préstamos sólo en el periodo 2009-2010. En promedio, el nuevo sector deriva el 66% de sus ingresos de fondos estatales, y 15% de esas instituciones derivan entre el 85 y el90% de sus ingresos de otra forma de ayuda estatal denominada Title IV ([1] 2).

En últimas es dinero estatal que termina, en una proporción no despreciable, en manos privadas, mientras que los estudiantes y sus familias se quedan con deudas impagables y con una educación de dudosa calidad.

Consideren el caso del Brasil. Sí, es cierto que hoy el 92% de las IES son pequeñas empresas, la mayoría con ánimo de lucro, que cubren la demanda por educación de los más pobres y peor preparados. Pero también es cierto que la educación que brindan es de muy baja calidad, centrada en docencia repetitiva y dirigida a la obtención de credenciales para acceder a empleos de baja remuneración. Y también es cierto que el gobierno del Brasil no ha dejado de invertir en la educación superior pública de alta calidad y que, además, está invirtiendo casi un 2% de su PIB en ciencia y tecnología. No por casualidad entre las mejores cinco universidades de América Latina cuatro son del Brasil y públicas. Más aún: el gobierno del Brasil inició en 2004 uno de los planes más ambiciosos para transformar el conjunto de su sistema educativo: la enseñanza basada en la ciencia para los más pobres. Con una inversión privada y gubernamental que ya pasa de los 50 millones de dólares han creado centros de enseñanzas en los lugares más pobres del Brasil, con currículos basados en la ciencia y en hacer ciencia. El plan es crear 354 centros de ese tipo en todo el país. Como lo dice Miguel Nicolelis, el neurocientífico artífice del programa: Lo bacano es que no estamos hablando de construir un edificio o una carretera, [sino] de cómo educar a los pelados de un país como el nuestro usando la ciencia como la fuerza motriz.([2], 75)Aquí está la diferencia más fuerte entre lo que pretende la propuesta del gobierno colombiano y lo que están haciendo los países que sus asesores citan como los modelos por imitar: Tanto en Brasil, como en los llamados “tigres asiáticos”, y en China, gobiernos y sociedades están comprometidos en transformar sus sistemas educativos para tener sociedades más iguales y más justas. A primera vista parece lo mismo que quiere el gobierno colombiano, pero no loes. La diferencia está en el tipo de apuesta en el que se comprometen gobiernos y sociedades. Mientras que lo propuesto en Colombia, y lo que han intentado en los Estados Unidos, es la típica apuesta especulativa, que termina enriqueciendo a unos pocos y hundiendo en la pobreza a la mayoría, las apuestas de los otros países mencionados son de otra especie. Por supuesto, actúan hoy para alcanzar un objetivo deseado en un futuro incierto, pero no son ni especulativos ni mezquinos en sus apuestas. Invertir más del 2% del PIB en ciencia y tecnología, o usar la ciencia para superar la ignorancia, la pobreza y la inferioridad, o crear 30 nuevas universidades de clase mundial (como lo hizo China), suponen una extrema confianza en la capacidad de sus ciudadanos y unas prioridades distintas a las que dominan en la propuesta del gobierno colombiano.

2.LA RENUNCIA DEL ESTADO

El facilismo extremo con el que el gobierno intenta renunciar a su responsabilidad de dirigir la educación y el futuro de los colombianos, descargándola sobre el sector privado, haciendo uso de los mecanismos menos eficientes y más fraudulentos, hace pensar en una renuncia deliberada a su responsabilidad de dirigirla política educativa. Una renuncia que parece compatible con la captura del estado por intereses privados, con su escaso margen de maniobra económica, y con las restricciones impuestas por la guerra, la deuda y el pasivo pensional. Quizás en la renuncia del gobierno a aprovechar la oportunidad de transformar todo el sistema educativo para avanzar hacia la innovación y la igualdad, hay una fractura más profunda del estado colombiano. Un estado prisionero de intereses privados, sin control sobre sus recursos, y restringido por políticas mezquinas y suicidas no puede dirigir los procesos de cambio que la educación y la sociedad colombianas requieren con urgencia. El problema planteado por la reforma es real: la cobertura actual de la educación superior reproduce y profundiza la desigualdad. Pero la solución elegida es la peor entre muchas disponibles. Hará más fuerte la desigualdad, transferirá recursos públicos a manos privadas, aumentará una corrupción ya de por sí desbordada, dejará endeudados a centenares de miles de jóvenes y a sus familias, y alejará aún más al país de la educación de calidad requerida para la innovación y el desarrollo. Una propuesta seria pasa por reformar el conjunto del sistema educativo, empezando por la primaria y la secundaria, aumentar la inversión en ciencia y tecnología y llevar la mejor educación posible a los más pobres y vulnerables –incluyendo la creación de nuevas universidades públicas. Para lograrlo se requeriría de una fuerte inversión estatal y de un cambio radical en las prioridades del gobierno y de la sociedad.

Por: Boris Salazar Abril 12, 2011

References

[1] Mamie Lynch, Jennifer Engle, and José L. Cruz. 2010. Subprime Opportu-nity: The Unful…lled Promise of For-Pro…t Colleges and Universities, The Education Trust November: 1-8.

[2] Christine Soares. 2008. Building a Future on Science,Scienti…c American 298: 72-77.5

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[1] Es curioso que la referencia al texto de Lynch et al. esté en el documento del Ministerio de Educación Nacional. ¿No lo leyeron? ¿O no extrajeron ninguna consecuencia de su lectura? ¿O si las extrajeron y las ignoraron? ¿O como dijo la representante del Ministerio, “es mejor hacer un promedio entre las experiencias buenas y las malas”